Pongamos de ejemplo, lo que ocurriría con el administrador de una sociedad cuya empresa tiene serios problemas económicos, acumulando importantes deudas, hasta llegar el momento en que sus acreedores ya no esperan más y empieza el proceso de reclamaciones.
El empresario siendo consciente que va a perder bienes tan importantes como su vivienda, al tener avaladas con su patrimonio ciertas operaciones, decide vender su casa a un familiar para protegerla. Se va al notario y hace la venta, pero es una venta simulada, porque aunque se ha puesto un precio, en realidad no se ha pagado; eso es un alzamiento de bienes.
El alzamiento de bienes se encuentra previsto en el art. 257 del Código Penal, que castiga con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses, al que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores, a quien con el mismo fin, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación.
Se denomina suspensión de pagos o cesación de pagos a la situación concursal en la cual un comerciante o una sociedad mercantil se encuentra cuando no puede pagar la totalidad de las deudas que tiene con sus acreedores por falta de liquidez o dinero en efectivo. Es un procedimiento que tiene por objeto llegar a un acuerdo entre el deudor y los acreedores, bajo supervisión judicial, sobre el modo en que se pagará.
La diferencia con la quiebra está en que en este caso el deudor tiene suficientes activos para hacer frente a sus deudas, pero sus activos no son lo suficientemente líquidos. Por ejemplo, puede tener inmuebles o activos fijos por un valor superior a sus deudas, pero no puede pagar esas deudas vencidas en el momento. Por eso también se dice que la suspensión de pagos es una situación concursal temporal, mientras que la quiebra es definitiva.
Una quiebra o bancarrota es una situación jurídica en la que una persona (persona física), empresa o institución (personas jurídicas) no puede hacer frente a los pagos que debe realizar (pasivo exigible), porque éstos son superiores a sus recursos económicos disponibles (activos).
Cuando el deudor se encuentra declarado judicialmente en estado de quiebra, se procede a un juicio de quiebras o procedimiento concursal, en el cual se examina si el deudor puede atender a parte de la deuda con su patrimonio.
Las investigaciones de mercado de la competencia y los estudios de público para llevar a cabo un análisis de nuestros productos y servicios, representan hoy por hoy la información más eficaz para afrontar la competencia feroz y desleal que existe actualmente en el mercado.
DETECTIVES-SIPPEM analiza los diferentes elementos del Marketing-Mix de la competencia: producto, precio, canales de distribución, comunicación y publicidad, adjuntando gran cantidad de información sobre los competidores para asegurar así el posicionamiento estratégico de nuestra empresa.
· Análisis del producto
· Análisis del precio
· Determinación de los canales de comunicación
· Determinación de los canales de distribución
· Análisis de los clientes de la competencia
· Identificación de los competidores
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· Análisis de los precios de los competidores
· Identificación de los canales de comunicación de los competidores
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· Posicionamiento estratégico de la competencia
· Elaboración de Encuestas
· Características socio-demográficas (sexo, edad, residencia, estudios, profesión)
· Análisis de los consumidores actuales y potenciales
· Hábitos de los consumidores
· Valoración de actividades y servicios prestados a los consumidores
DETECTIVES-SIPPEM suele consultar estas fuentes de información para utilizarlas como base en investigaciones complejas que requieren de la pericia de profesionales debidamente preparados en este área.
Nuestro trabajo consiste en identificar y localizar los bienes y domicilios de personas físicas o jurídicas. Para conseguir dicho objetivo indagamos en bases de datos, registros públicos y fuentes de información varias, utilizando técnicas y métodos de consulta que nos permitirán acceder a la información que nuestro cliente precisa.
La petición de este tipo de servicios debe ser solicitada por cualquier persona que esté legitimada en un proceso penal.